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PELEA POR EL AUMENTO DEL SUBTE


Mientras ya rige el aumento, Macri convocó a audiencia pública

El Gobierno de la Ciudad publicó el Decreto N° 27/11 que fija la nueva tarifa de subte y, por su parte y a pedido del Ente de Servicios Públicos, convocó a una audiencia pública para debatir las implicancias de la controvertida medida. La Unión de Consumidores de Argentina (UCA) señaló que la convocatoria es irrespetuosa de los vecinos y hasta confiscatoria del salario.

Convocar a la audiencia pública para fines de abril es una vergüenza y una falta de respeto no sólo a la ley sino a los usuarios y vecinos de la Ciudad además de una medida arbitraria y confiscatoria del salario de los usuarios, sostuvo el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño. Uno de los argumentos de la oposición es que, para habilitar el incremento, el gobierno de la Ciudad debería haber pasado anteriormente por la instancia de audiencia pública. Que no se haya convocado a la audiencia pública necesaria e imprescindible para habilitar el aumento de la tarifa del subte, es una verdadera burla que posterga el debate por casi 4 meses, afirmó Blanco Muiño. Ya habíamos sostenido que el aumento dispuesto unilateralmente por el Gobierno de la Ciudad violaba dos leyes de la propia jurisdicción como son la Ley N° 6, reguladora del mecanismo de la Audiencia Pública, y la Ley N° 210 que legisló sobre el Ente Único Regulador, agregó Blanco Muiño.

Ahora Macri vuelve a violar la Ley y a clausurar la discusión seria para definir, no sólo la tarifa del subte, sino un plan de inversiones sustentable que signifique una mejora concreta del pésimo servicio que sufrimos los usuarios diariamente, reflexionó Blanco Muiño. Para la UCA, la sanción del decreto 27/11 ha tenido, entre uno de sus objetivos, diluir cualquier acción de amparo ante la Justicia local. Por ese motivo desde la Unión de Consumidores de Argentina, instan a que se convoque a la Comisión de Usuarios del Ente de los Servicios Públicos de la Ciudad, integrada por todas las asociaciones de consumidores registradas en el distrito, para darle impulso administrativo a una correcta aplicación de la Ley N° 210.

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