VIVIENDAS A PUNTO DE EXPLOTAR

Un fallo judicial advierte que un edificio de Villa Urquiza corre riesgo de estallar 

En la esquina de Mariano Acha y Mendoza, donde funcionó una antigua estación de servicio, fue levantado hace tres años un complejo de viviendas. La constructora no realizó el correcto saneamiento del suelo y en los cimientos quedaron restos de combustible. 

Tras la intervención de Metrogas y los Bomberos, los vecinos debieron ser evacuados en 2009 ante la posibilidad de una detonación por la acumulación de gases. 

La noticia, conocida a mediados de noviembre, causó preocupación entre los vecinos del barrio. Un fallo judicial advirtió que un edificio de Villa Urquiza corre “riesgo de explosividad”, pues está construido sobre una antigua estación de servicio y su suelo y napas freáticas están contaminados con combustibles. Se trata de la propiedad situada en la calle Mendoza 4406, esquina Mariano Acha: el juez federal Julián Ercolini y la Sala Segunda de la Cámara Federal procesaron a la arquitecta que compró el predio para levantar el edificio. La historia es así: la constructora Lilquen SA entregó a principio de 2009 las nuevas viviendas del complejo habitacional. Pero, al poco tiempo, los flamantes vecinos empezaron a percibir olores extraños. Ante la indiferencia de la empresa decidieron llamar a Metrogas para que identificara en qué consistía esa extraña emanación. 

Luego de varias visitas y roturas de veredas, encontraron la razón de los olores: había combustible de la vieja estación de servicio SOL, que funcionó en el lugar hasta 2005, depositado en las napas freáticas. Sin que mediara ningún tipo de explicación, el 13 de noviembre de 2009 los habitantes del edificio fueron desalojados de urgencia por personal de la Comisaría 39ª y de la Superintendencia Federal de Bomberos. Desde entonces, el complejo de Mendoza 4406 está cerrado y tiene un cartel en la puerta que indica “No pasar”. Según el testimonio de los propietarios, las unidades están vacías y se están deteriorando. Las paredes tienen manchas de humedad y se están descascarando. Y, como si fuera poco, los baños pierden agua.

Según el expediente judicial, se pudo establecer que para el 5 de diciembre de 2006 en el predio en cuestión ya no funcionaba la estación de servicio y que las instalaciones se estaban desmantelando. La ex Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, actual Agencia de Protección Ambiental, intimó al propietario a que acreditara el cumplimiento de las previsiones de limpieza y saneado de la napa. Además se le pidió a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que no autorizara el cambio de actividad y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro que no autorice el permiso de obra hasta que se cumplimentaran los requisitos exigidos. Como no se cumplieron los pedidos de seguridad, la Dirección de Control de Calidad Ambiental dispuso la clausura de la obra el 18 de febrero de 2008. Esta decisión fue notificada a la arquitecta Silvia Beatriz Amutio, vecina del barrio y responsable de la obra, un par de días después. En su presencia, se colocó una faja de interdicción en el acceso al predio. A pesar de que la obra había sido clausurada, la arquitecta siguió con ella hasta su finalización. El complejo de Mendoza y Mariano Acha tiene cuatro departamentos de dos ambientes y cuatro dúplex de tres.

 Uno de los vecinos damnificados es Alejandro Levy. Según su testimonio, fue uno de los últimos en adquirir un departamento. Con su familia se mudó en los primeros días de 2009. “Al poco tiempo de instalarnos se sentía un olor raro que no sabíamos de dónde venía -cuenta Levy-. Recién en marzo identificamos que provenía de la entrada del edificio: es más, el olor a gas salía desde los medidores de la luz”. Cada vez que iba a pagar las expensas, Alejandro le informaba a la arquitecta Amutio, quien también oficiaba de administradora, sobre el olor que se sentía en la entrada. “Ella me respondía que se iba a ocupar -señala Levy-. 

Pero yo nunca vi que viniera alguien para hacer algún trabajo. Hasta que en setiembre llamé a Metrogas”. Alejandro dice que para esa época todos los vecinos detectaban lo mismo que él, “incluso cuando venían visitas nos advertían del olor a gas”. Las primeras inspecciones de Metrogas presagiaban un futuro complicado, aunque nunca se imaginaron el desenlace. Los aparatos marcaban que había combustible, pero no podían determinar cuál. “Vinieron como siete veces y los medidores no arrojaban pérdidas, incluso investigaron el tendido antiguo de gas por si alguno de los viejos caños tenía alguna fisura -relata el vecino-. No podían encontrar el origen de ese olor. Hasta que un día hicieron una perforación de dos metros en la calzada y de la tierra salía olor a combustible. Se llevaron una muestra para analizar. Volvieron el 13 de noviembre de 2009 con los bomberos y volvieron a analizar la tierra. Habían sido días de muchas lluvias, por lo que las napas estaban crecidas y determinaron que la sustancia era combustible y no gas natural. Entonces nos desalojaron y se inició la causa penal en el Juzgado Federal. Todavía nos quedaba la ilusión de que se iba a resolver rápido”. 

 En el expediente judicial quedó detallado el nivel de contaminación de las napas: “Personal de la Subsecretaría de la Dirección General de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se constituyó en dicho inmueble el día 20 de noviembre de 2009 y percibió olores en el tablero de medidores de electricidad y procedió a tomar una muestra del aire, luego de lo cual se determinó que presenta un alto contenido de diversos compuestos orgánicos volátiles correspondientes a analitos de bajo punto de ebullición, comparable con la fracción liviana de hidrocarburos precedentes de combustibles, observándose una importante incremento de tolueno en un orden de 10 veces respecto a los valores habitualmente registrados en otra estación”. El día después Una vez que fueron evacuados, la familia Levy supuso que esa situación llevaría algunos días; por eso decidieron instalarse en la casa de la madre de Alejandro. “Ese día pudimos sacar los colchones e irnos a la casa de mi mamá. Al mes, como vimos que esto iba para largo, decidimos alquilar con ayuda de la familia porque ya veníamos con todos los gastos de la mudanza”, explica Alejandro, quien todavía no puede creer lo que les está tocando vivir. Está claro que se siente estafado en su buena fe: “Nosotros compramos el departamento a la empresa constructora Lilquen, cuya presidenta es Silvia Amutio, que es a su vez la encargada de la obra -dice el vecinos damnificado-. Sabíamos que en ese terreno funcionó una estación de servicio. Pero nunca nos imaginamos que no habían removido el combustible como corresponde. Cuando nosotros compramos, esto era un terreno baldío”. -¿En algún momento sospecharon de alguna irregularidad? -No, nunca. En el expediente está especificado que cuando los obreros estaban excavando para hacer los cimientos, la tierra que sacaban tenía combustible. Incluso parece que la arquitecta les marcó que siguieran trabajando. Los tanques de combustible de la vieja estación de servicio fueron removidos. -A tu juicio, ¿qué fue lo que no hizo Amutio? -El estudio y limpieza de suelo. Seguramente debe haber hecho el estudio estructural. A ella le clausuraron cuando tenía el esqueleto del edificio, pero rompió la faja y siguió trabajando. Lo loco de todo esto es que sabiendo lo que había abajo se quedó con tres departamentos... -¿Quiénes son responsables de este desastre? -La responsabilidad es de las petroleras, porque cuando cierran una estación de servicio tienen que presentar un certificado de cierre ambiental y otro en el que establece el destino de los tanques. Eso no se hizo. También hay una clara negligencia de la arquitecta y de la Dirección General de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tené en cuenta que clausuraron dos veces la obra y sin embargo ella continuó hasta que le otorgaron el final de obra. -¿Estás conforme con el trabajo de la Justicia? -El juzgado federal viene investigando desde el primer día, viene avanzando bien. Pero por lo que se desprende de la investigación, hay funcionarios del Gobierno de la Ciudad involucrados. Entonces el juzgado se declaró incompetente por una cuestión de jurisdicción y pidió que se abra una causa en un juzgado de la Ciudad para continuar con la investigación de los funcionarios. Si bien esto es positivo, no deja de dilatarse porque se tiene que abrir otra causa. -¿Vivieron alguna situación tragicómica en estos dos años? -Nos llegó una multa del Gobierno de la Ciudad porque la vereda estaba rota por las perforaciones que el propio Gobierno de la Ciudad hizo cuando estaba haciendo las mediciones de los gases. Además nos llegan boletas con consumo de 30 pesos cuando los servicios están cortados. Te podés imaginar que el primer año yo tomaba pastillas para dormir. Entre la bronca y el desencanto, Alejandro Levy no puede evitar sentirse defraudado por quienes considera que debieron darle una mano en este momento complicado: “Desde que empezó todo esto nadie se jugó para darnos una fecha precisa de cuándo vamos a regresar a nuestras casas y menos darnos una mano. La opción que nos dio el Gobierno de la Ciudad cuando nos desalojaron fue ir a dormir a los paradores de Retiro. Pero en concreto nadie nos ofreció ayuda ni asistencia. La verdad es que ya no sabemos qué puerta tocar para que nos den una respuesta”. -¿Qué pasaba si no eran evacuados? -Seguramente alguna chispa hubiese provocado una explosión. Y si el fuego llegaba hasta la napa, seguro pasaba algo muy grave. La situación de Amutio La empresa que compró los terrenos para la construcción del complejo habitacional en Mendoza 4406 se llama Lilquen S.A. Su presidenta es la arquitecta Silvia Amutio, quien a su vez es la responsable de llevar adelante las obras. La Cámara Federal confirmó entonces el procesamiento de Amutio por construir un edificio con alto riesgo de explosividad donde había funcionado una estación de servicio, cuyo suelo estaba contaminado con hidrocarburos. El juez Julián Ercolini le imputó el delito previsto y reprimido por al Artículo 55 de la Ley 24.051, de desechos peligrosos, que castiga a quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Posteriormente se determinó que en el predio en donde se levantó la edificación había funcionado una estación de servicio y que el suelo estaba contaminado con combustibles. Las pericias determinaron que el suelo -que presentaba concentración de hexano, benceno e hidrocarburos- no había sido correctamente tratado, por lo que el 13 de noviembre de 2009 se evacuó el edificio por riesgo de explosividad. El Barrio intentó comunicarse con Amutio para que diera su versión de los hechos, pero luego de varios llamados infructuosos, cuando consiguió un contacto con ella, la arquitecta se negó a hacer declaraciones. Más precisamente cortó la comunicación sin mediar palabra. De las escasas declaraciones que se registran en la prensa de parte de algún allegado a Lilquen S.A. se encuentra un testimonio del vicepresidente de la constructora, Abel Gutman, que dijo sentirse estafado también por el Gobierno porteño: “A mí me estafó la Ciudad porque me permitió hacer un edificio en un terreno en el que no se podía. Todo lo que hicimos fue legal y los planos fueron aprobados”, fue el argumento utilizado por Gutman para defenderse. Pero la justicia no opinó lo mismo. El juez Ercolini ordenó el procesamiento de la arquitecta, por considerarla coautora penalmente responsable del delito y porque compró el terreno “por medio de la firma Lilquen S.A., de la cual es presidenta, sin contar con la aprobación del órgano respectivo” y “por llevar a cabo la construcción cuestionada”. Ercolini también intimó al Gobierno porteño a limpiar el suelo contaminado. Las acciones oficiales Ni bien se desató el conflicto por la evacuación de los vecinos del complejo de viviendas de Mendoza 4406, la Agencia de Protección Ambiental dispuso del estudio del suelo para confirmar con qué hidrocarburos está contaminada la napa. Para ello contrató a Desler, una empresa que brinda servicios ambientales y que llegó a la conclusión de que el suelo se encuentra contaminado producto de la pérdida de los tanques de combustible que ya no obran en el lugar. Existe sobre la napa freática una contaminación de hidrocarburos que varía desde los ocho hasta los treinta centímetros de espesor. El informe de Desler establece que la fracción de nafta es la componente mayoritaria de la fase libre que sobrenada la napa freática. Esta es la causa que determina la condición de explosividad detectada en el inmueble a través de la emanación de los vapores orgánicos que genera. También es probable que la pluma de contaminación exceda los límites del predio y se extienda hacia la vereda de la calle Mendoza. Para evitar el acumulamiento de gases, desde marzo funciona un sistema de venteo forzoso controlado por personal de Bomberos de la Policía Federal. A la mañana y a la tarde realizan mediciones especiales para controlar que no se acumulen gases. De esta manera está garantizada la seguridad y se restringe la posibilidad de que haya alguna explosión por la acumulación de gases. Este cronista fue testigo de cómo se hacen esas mediciones, en las que el resultado dio cero (ver recuadro aparte). Fuentes de la Agencia de Protección Ambiental le confirmaron a El Barrio que en diciembre se adjudicará la obra de remediación del predio. Este proceso consta de dos etapas: la primera es el retiro de los hidrocarburos y la segunda la remoción y tratamiento de los suelos, ajustados al plan que presente la empresa adjudicataria. El costo de esta solución rondará el millón y medio de pesos e insumirá como mínimo un año de trabajo. Para el juicio penal, todos los vecinos damnificados están representados por un mismo abogado. En cambio para el civil, como cada caso es diferente entre sí, cada uno va por su lado. Sin embargo, Levy reclama poder retornar lo más rápido posible a su casa, mientras reflexiona: “La conclusión que me queda de esta situación es que nadie está protegido. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debería velar por nosotros, no tiene respuesta”. Yo fui testigo Cuando surgió la idea de trabajar sobre el complejo de viviendas de Mendoza 4406 y la contaminación con combustible de las napas freáticas, este cronista se acercó al lugar para estudiar la zona, tratar de conseguir una buena toma de la esquina y recoger algún testimonio. Por obra del azar, en ese mismo momento llegó personal de Bomberos para realizar el habitual chequeo y control de emanación de gases. El procedimiento habitual para estas mediciones requiere de un testigo que corrobore que la medición da cero. Al observar a los bomberos, crucé Mendoza decidido a obtener algún testimonio de los “especialistas”. Ellos también estaban decididos a conseguir un testigo, tarea algo dificultosa en esa esquina poco transitada. El encuentro fue inmediato y tras las presentaciones de rigor el pedido fue instantáneo: “Tiene que ser testigo de las mediciones que vamos a hacer”. Pensé que era una buena oportunidad para intercambiar favores: ser testigo por información. Primero me explicaron que el aparatito que tenían en sus manos era un medidor de gas y que había que observar que siempre marcara cero. Midieron en el tablero de la luz, ubicado en la entrada del edificio, y luego el cable corrugado naranja que quedó expuesto después de una de las tantas perforaciones. A continuación nos trasladamos a la zona de las cocheras. A esa altura, la tranquilidad de la tarde sólo era interrumpida por el incesante ruido del motor del aparato que hace el venteo forzoso. Recorrimos cada uno de los lugares en los que anteriormente se registraron emanaciones de gas. En todos los casos, el resultado fue cero. “Evidentemente ese venteo funciona bien, aunque no podemos estar así toda la vida -reconoció uno de los Bomberos en la despedida-. Esto requiere de una solución más profunda”.

J.P. / Por Periódico El Barrio